Establecer mayor control al reconocimiento de comunidades religiosas y evitar el registro de grupos que puedan afectar el orden público, fueron algunos de los aspectos debatidos durante la jornada.
Representantes de diversas iglesias y confesiones del país como la católica, evangélica, adventista, islámica y judía, entre muchas otras, estuvieron presentes, junto a académicos/as y expertos/as, en el Seminario conmemorativo de los 25 años de la Ley sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas N°19.6385, también conocida como «Ley de Cultos».
La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Observatorio de Libertad de Creencias del Centro de Derechos de las Minorías y Gestión de la Diversidad (CEDEMI) de la Universidad de Talca.
Al respecto, el decano Iván Obando Camino recordó que «esta legislación presentó un gran avance para el Chile democrático contemporáneo. Vino a proteger a minorías religiosas y aseguró una igualdad formal entre las diversas creencias existentes en el país. Para nuestra Facultad constituye motivo de orgullo ser la sede de este importante seminario».
En tanto, el director del CEDEMI, Jorge del Picó Rubio, evocó los principales avances que representó la ley. «Consagró la libertad de culto en el plano individual y colectivo de las personas, rompió muchos años de desigualdad entre las comunidades religiosas chilenas, permitiendo que independiente de la religión y la creencia que cada persona tuviera, su organización religiosa fuera igual ante el Estado», expuso.
Por su parte, el encargado de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Omar Cortés Gaibur, rememoró que «antes de la ley, las religiones se registraban bajo una corporación de derecho privado sin fines de lucro y sus estatutos eran muy seculares».
Agregó que la ley ofreció «un estatus más legítimo de reconocimiento de las entidades religiosas y con eso trajo un sentido de mayor igualdad a todas ellas, sumado a un trato igualitario por parte del Estado».
Desafíos
Cortés Gaibur asumió que «ha habido aportes importantes desde la academia, en donde han dejado ver con bastante objetividad los vacíos de una ley que es estrictamente procedimental y eso la hace bien laxa, en el sentido de que el filtro para validar el reconocimiento de una entidad religiosa no cuenta con ningún entrometimiento del Estado en los contenidos de esa entidad religiosa».
Bajo esa línea, indicó que aquella amplitud «en donde solo se ve el contenido y no la forma, se han registrado entidades religiosas que finalmente no lo son, o que dejan de existir y no tenemos cómo detectar su no existencia».
Al respecto, el abogado, sociólogo y ex director de la ONAR, Humberto Lagos Schuffeneger, destacó que si bien «la ley es buena porque avanza en materia de igualdad, tiene defectos que podrían permitir que, por ejemplo, sectas satánicas solicitaran el reconocimiento ante el Ministerio de Justicia».
A modo de ejemplo mencionó el reconocimiento solicitado por la agrupación denominada Templo Satán. «Están pidiendo al Ministerio de Justicia ser reconocida como una entidad religiosa de derecho público y si accediera a eso podría verse como que el Estado está protegiendo los planteamientos de orden satánico y tendríamos cientos de peticiones más, provocando incluso la inmigración, porque en Chile se estaría dando espacio a quienes adoran a satanás», dijo Lagos, quien actualmente integra la Organización de Cientistas Sociales de la Religión en Chile.
Mirada comparada
La jornada contó con la charla magistral del Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y de Derecho Canónico de la Universidad de Zaragoza, Javier Ferrer Ortiz, quien expuso sobre la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa que se aproxima a celebrar sus 45 años en España.
Detalló que dicha norma permite «la inscripción en el registro de entidades religiosas, la posibilidad de obtener la declaración de notorio de arraigo a las que estaban más arraigadas en el país y que contaban con una mayor trayectoria, y la posibilidad de establecer acuerdos de cooperación con el Estado español».
Respecto a esto último, el académico indicó que en Chile «no se tiene tradición de acuerdos con las confesiones, tampoco tiene una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es un cause institucionalizado de todas las confesiones con mayor impronta en el país, y todo eso, yo creo que sería interesante de desarrollar, el principio de cooperación».
Agregó que en el país también sería positivo «establecer algún tipo de control para el reconocimiento de las comunidades religiosas en el registro y sobre todo, fijar, clarificar y hacer pautas que, sin inmiscuirse en el interior de cada confesión, permita valorar los fines religiosos, porque o si no se puede acabar acogiendo a la Ley de Cultos grupos que no tienen nada que ver con el fenómeno religioso».